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PROPUESTA DE REFORMA MARCO REGULATORIO PARA LAS OSC

FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LA MEJORA DE SU MARCO REGULATORIO

A fines del año pasado una significativa cantidad de entidades de segundo grado Que agrupan a miles de instituciones comprometidas con la sociedad civil conformaron un espacio de articulación y trabajo conjunto para llevar adelante el programa “Sociedad Civil en Red para Consolidad la Democracia” cuya implementación se está comenzando a llevar a cabo con la valiosa ayuda de la Unión Europea.

Dichas entidades son la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA), el Foro del Sector Social, la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), la Red Argentina de Bancos de Alimentos y el Grupo de Fundaciones y Empresas, las que constituyeron una Mesa de Redes encargada de llevar adelante la coordinación de este espacio. Para administrar los recursos necesarios para impulsar el programa se acordó designar a la Confederación de la Sociedad Civil dado que se trata de la única organización de tercer grado existente.

De este modo, por primera vez se constituye en la Argentina un espacio de  articulación de semejante amplitud que se propone contribuir a la consolidación democrática del país, al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y a la mayor participación política de estas organizaciones en la planificación e implementación de políticas públicas.

Entre los proyectos que la Mesa de Redes está comenzando a impulsar tiene un principal relieve el análisis y proposición de mejoras que puedan introducirse en el marco regulatorio aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el plano legal como impositivo y laboral. Cabe señalar que en esta materia se registran varias propuestas e iniciativas en los últimos años que constituyen una valiosa base para impulsar esta propuesta.

En estas breves líneas de presentación dejamos planteados los temas que inicialmente se propone tratar en esta materia, a los cuales por cierto podrán agregarse todos aquellos que sirvan a la finalidad perseguida. El foco estará puesto principalmente en las cuestiones más amplias y estructurales que aquejan al funcionamiento de todas las organizaciones, sin por ello soslayar los aportes que pueden realizarse en cuestiones más puntuales que beneficien al sector social.

En ningún caso nos inspira la finalidad de que el Estado deje de controlar aquello que legalmente corresponda, sino incorporar un nuevo paradigma en la relación con las organizaciones sin fines de lucro que apunte también a su promoción, estímulo y fomento.

1. La necesidad de mejorar el marco regulatorio

A partir de la restauración democrática en el año 1983 se ha producido un significativo crecimiento del sector social en nuestro país evidenciado no tan solo en el número y variedad de organizaciones, sino también en la amplitud temática de las mismas, en la cantidad de voluntarios y personas comprometidas en causas sociales y solidarias, y en la identidad y sentido de pertenencia que este desarrollo ha traído consigo. No puede soslayarse la mención del gravitante rol asumido por muchas organizaciones y múltiples iniciativas comunitarias informales en la grave crisis que atravesó nuestro país evidenciada a finales del año 2001 cuando debieron, en no pocos casos, apuntalar y hasta reemplazar al Estado en la satisfacción de necesidades sociales básicas.

Pese a este explosivo crecimiento podemos decir que, salvo pocas excepciones, el marco regulatorio que rige a estas instituciones, en sus más variadas formas, no ha capturado este fenómeno, configurando ello una limitante para el desarrollo y potencialidad de crecimiento de este sector. Más allá de la falta de una efectiva participación y debate en la reciente sanción del nuevo Código Civil, que incluye modificaciones en las figuras de las asociaciones civiles y fundaciones -las dos formas jurídicas más extendidas entre las organizaciones sin fines de lucro-, cabe señalar además que a la fecha dichos cambios no parecen haber brindado una base o principio de solución a este problema.

Se trata de lograr poner este tema en la agenda ya que se encuentra de algún modo invisibilizado. Para ello resulta esencial no solo una estrategia de incidencia para llegar a los ámbitos de decisión política sino también definir una agenda de propuestas a través del trabajo conjunto de las organizaciones, como lo fue el caso de la sanción de la Ley No 27218 de tarifa social.

1.1 Los aspectos legales

Un claro problema a solucionar es la alta informalidad que existe en el sector social, ya que de acuerdo a las estimaciones existentes la mayoría de las organizaciones no se encuentran inscriptas ni reconocidas en registro alguno. Para ello resulta esencial introducir modificaciones en la figura de las simples asociaciones, estableciendo mecanismos que faciliten su formalización y disminuyan la carga administrativa para su funcionamiento. También crear la figura del bien de utilidad social como inembargable e inejecutable (este proyecto cuenta ya con media sanción del Congreso Nacional) para proteger la infraestructura básica y necesaria para el funcionamiento de las organizaciones.

Es esencial promover la segmentación de las normas legales a fin de evitar cargas a las organizaciones de menor escala, como así también promover la instalación de un sistema unificado de ventanilla única para la tramitación de documentación en los organismos estatales. Es preciso, en definitiva, simplificar la excesiva complejidad y
onerosidad de las formalidades que aplican en general para la constitución y funcionamiento de todas las organizaciones.

1.2 Las cuestiones impositivas

Dada su escala y efectiva contribución al bien común es preciso que la normativa prevea para el caso de organizaciones de base comunitaria su reconocimiento directo como sujetos no imponibles en materia de ganancias y otras cargas impositivas que hoy las alcanzan.

Para el caso de organizaciones que soliciten su reconocimiento de exención es preciso aliviar exigencias burocráticas e innecesarias así como la disparidad de criterios según sea la región geográfica donde deba realizarse el trámite. El porcentaje de deducibilidad a los donantes es demasiado exiguo y limitado lo cual en nada promueve a las donaciones como alternativa para el sostenimiento de las organizaciones sin fines de lucro.

Debería también analizarse y proponerse la eximición o limitación del impuesto al valor agregado así como también sobre el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

1.3 Los temas laborales

El régimen laboral es quizás el principal problema que enfrentan hoy las organizaciones de la sociedad civil, por los altos costos asociados a la contratación de personal. Resulta imprescindible diseñar un nuevo encuadre normativo que permita asumir y resguardar las diferentes relaciones que se establecen en las organizaciones sociales. Es preciso lograr una reducción y/o una co-financiación estatal de las cargas sociales, la adopción de contratos de trabajo por proyecto y la creación de un régimen laboral simplificado de acuerdo al objeto de las organizaciones así como también de regímenes especiales de acuerdo a la escala y dimensión de las mismas. La sanción de la Ley No 25.855 de Voluntariado constituye una valiosa excepción a la criticada falta de “aggiornamiento” de la normativa, pero es preciso señalar que hace falta un gran esfuerzo para difundir la misma y su correcta aplicación para evitar gravosas contingencias. Finalmente, debiera analizarse la posible negociación de una nueva y diferente rama dentro del convenio colectivo de UTEDYC.

2. Hacia una relación más virtuosa con el poder estatal

Durante el período de significativo crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en las últimas décadas, hemos transitado en muchos años por situaciones en algún punto extremas en la relación entre los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil. Desde la visión de un Estado que pareció desentenderse de las cuestiones sociales hasta la pretensión estatal en algunos casos de dirigir y utilizar a las organizaciones en beneficio de finalidades políticas.

Apreciamos los valores positivos de una sociedad abierta, pluralista y solidaria que promueva la vida comunitaria y donde las personas se congreguen y asocien para el logro de fines comunes. Nuestro país tiene una larga y valiosa tradición en la materia que se vio enriquecida con las organizaciones que promovieron los inmigrantes con su llegada desde finales del siglo XIX tales como las sociedades de socorros mutuos, escuelas, hospitales, clubes, etc. A ello siguieron las asociaciones de fomento y juntas vecinales, las bibliotecas populares, la protección de la infancia, los centros de jubilados, las organizaciones comunitarias de distinto objeto y las fundaciones donantes surgidas a partir de un noble propósito de caridad y ayuda solidaria. Y en las últimas décadas, la amplia y diversa gama de organizaciones constituidas para la defensa y promoción de derechos, el cuidado del medio ambiente, la protección del consumidor, etc.

Todo este valioso entramado de organizaciones y vida comunitaria que forman parte de nuestro paisaje social debe ser estimulado y fortalecido, y para ello la mejora del marco regulatorio aplicable a las entidades sin fines de lucro, en sus diversas formas, resulta en la actualidad una condición necesaria e indispensable.

El logro del Bien Común es una responsabilidad de todos aunque corresponde al Estado, claro está, la adopción de las decisiones finales y más trascendentes. Se trata pues de lograr una virtuosa articulación en la que el Estado, sin soslayar su condición de gerente principal del Bien Común, trabaje con las organizaciones sociales que aportan siempre su espontánea energía, innovación y cercanía con los beneficiarios finales.

Es preciso entonces que desde los poderes públicos se aliente y procure el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como el más sólido camino para promover la participación, asegurar la efectiva vigencia de los derechos para todos y consolidar una verdadera y auténtica democracia.

 

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